En los años 80 del siglo pasado, las generosas ofertas de empleo público promulgadas por una Administración cuyo volumen aumentaba considerablemente incluyeron la creación de un respetable número de plazas de archivero en las corporaciones locales y en los gobiernos autonómicos, cuando aún para estas plazas no se requería un título específico, siendo lo más frecuente exigir una Licenciatura en Historia, preferiblemente Medieval o Moderna. Una pléyade de licenciados accedió así a un puesto de trabajo, que por desconocimiento del convocante, o por simple economía de medios, solía acompañarse, en el ámbito local, de las tareas de bibliotecario y, en ocasiones, incluso de las correspondientes a gestor cultural. De esta combinación, eran las bibliotecas y la programación de actividades culturales las que acababan ocupando la mayor parte del tiempo de unos profesionales que en no pocas ocasiones se veían impelidos a atender en solitario los tres campos. El archivo era obviamente el gran perdedor, aunque, paradójicamente, sus oficinas se convirtieran en referente de la vida cultural del municipio, llegando además a albergar en ocasiones las sedes de los centros de estudios locales o comarcales.
El punto de partida para los recién llegados era desolador en la mayoría de casos. Archivos desordenados y abandonados a su suerte durante décadas o quizá siglos yacían a menudo en dependencias que no reunían las mínimas condiciones exigibles de conservación, y habían sido objeto del desdén de políticos y funcionarios, incluso de los de mayor nivel. Todo el mundo, no obstante, coincidía en que aquellos papeles necesitaban una urgente ordenación, aunque a veces no se entendía que los cuidados habían de tener una continuación, por lo que, en más de una ocasión, el trabajo de becarios o trabajadores temporales había puesto un poco de orden en los depósitos, pero la finalización de los contratos volvía a poner sobre el tapete el riesgo de repetir los vicios del pasado. Para los archiveros y archiveras al cargo del nuevo negociado municipal, el archivo, se convirtió en una “labor de amor” a la vez que en una tarea reivindicativa que necesitaba, además, de una especial pedagogía para hacer comprender a unos y otros que una buena gestión archivística redundaba en un mejor funcionamiento global de la Administración. Se imponía un reconocimiento de los archivos, para el que las esperanzas y las fuerzas se presentaban en aquel momento intactas. Se estaba aún muy lejos de que transparencia o eDemocracia se convirtieran en términos de uso común, En aquellos años se hacía necesario, por contra, hablar de cuadros de clasificación, catálogos, inventarios, marco legal … De todo aquello que, en definitiva, estaba aún por hacer.
Treinta años después, el Llibre Blanc dels Arxius Valencians hace balance de lo conseguido, de lo que queda por hacer y proporciona unas perspectivas del futuro inmediato. Pese a que algunas de las conquistas en materia de archivos son evidentes, tres décadas se presentan como tiempo más que suficiente para que las deficiencias que se siguen observando hubieran sido subsanadas. Nuevamente, la falta de continuidad parece estar en el origen del problema. Programas e iniciativas diversas sobre la organización de los archivos, su reglamentación y valoración, no han faltado, pero la historia de la Archivística en España parece sujeta a una secular oscilación que consume muchas energías y obliga a una lucha continua que, según parece, muchos de los que ahora ejercemos el oficio no vamos a ver concluida. Así que seguiremos enfrentándonos a disgregaciones arbitrarias, instalaciones insuficientes, expurgos anónimos y demás lacras. Todo ello cuando la nueva Administración Electrónica nos obliga al mismo tiempo a adaptarnos a unos esquemas sujetos a la urgencia del día a día y a exigencias que deberían haber sido atendidas mucho antes. ¿Quién es responsable? ¿Nosotros, que no hemos sabido comunicar las necesidades de nuestros centros, o los políticos, que han sacrificado la gestión documental en aras de otras actividades más vistosas y de mayores réditos electorales?
La implantación de la Administración Electrónica obliga a un replanteamiento general del que la política, y los acontecimientos que hemos vivido los últimos años, no están exentos. No deja de ser una paradoja que cuando se reclama una política de transparencia y el acceso “democrático” a los archivos, sea precisamente una política de archivos aquello que se sigue echando en falta. ¿Nos corresponde a nosotros implementarla, o más bien debería ser tarea innegociable de nuestros dirigentes? ¿Vamos a necesitar otros treinta años de avances y retrocesos para que se tome por fin conciencia de la importancia de una óptima gestión documental? Son preguntas que ahora mismo están en el ánimo de todos nosotros y para las que a día de hoy aún no existe respuesta clara.
El Llibre Blanc dels Arxius Valencians, coordinado por Jesús Alonso, nos habla a la vez de las conquistas de los últimos treinta años, de los aspectos que cabe mejorar y de los retos de las nuevas tecnologías. Dividido en tres bloques, en el primero, “Los archivos, en línea con el buen gobierno”, se abordan cuestiones como la transparencia, la relación entre Administración, derecho y gestores de documentos o la contribución de los archivos a la recuperación de la memoria histórica y la calidad democrática. El segundo, “Un estado de la cuestión y unas líneas de futuro”, incide en aspectos diversos (el Sistema Archivístico Valenciano, la comunicación pública, la calificación de los documentos,…) para luego analizar el estado, las carencias y el futuro de los diferentes archivos (de la nobleza, eclesiásticos, portuarios, de asociaciones, medios de comunicación, etc.). El tercer y último bloque, “Retos de archivo y universo digital”, afronta los nuevos desafíos tratando de la preservación de los documentos, los modelos descriptivos o el régimen de acceso en el nuevo entorno digital.
En los veintinueve artículos que conforman el libro, firmados por treinta profesionales, se coincide en afirmar que una correcta gestión documental es absolutamente necesaria si se quiere hablar de transparencia, que donde esta buena gestión no existe es fácil que proliferen las prácticas corruptas, que la implantación de la gestión electrónica ofrece a los profesionales de los archivos el acceso a la primera línea de la Administración, que una nueva política de archivos se hace necesaria, y en ella han de primar los aspectos legislativos, formativos y técnicos, o que la adscripción territorial desaparece cuando hablamos de documentos electrónicos y páginas web, entre muchos otros temas que hacen que el Llibre Blanc dels Arxius Valencians no actúe sólo como exponente del estado de la cuestión en territorio valenciano, sino que sirva a los propósitos generales de cualquier gestor de documentos enamorado de una profesión que en el siglo XXI se presenta con un futuro apasionante a la vez que lleno de intriga.
El libro puede adquirirse de forma gratuita escribiendo a secretaria@arxiversvalencians.org (solo se deben abonar los gastos de envío):
VV.AA., Llibre Blanc dels Arxius Valencians. D’on partim i cap on anem, Associació d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians, Valencia, 2018, 362 págs. Valenciano y castellano.
