Los archivos son la memoria del poder. En el caso de los archivos públicos, el Estado (en su más amplia acepción) se preocupa de conservar la documentación producida por él mismo, controlando así la información que se legará a las generaciones futuras. En otras palabras: los archivos aseguran que la construcción de la memoria colectiva se ajusta a la voluntad del poder. Esto no es necesariamente malo. Incluso, en una sociedad democrática, donde el poder reside en la colectividad, es la única opción razonable. Pero no es inevitable.
Los AHP no son una excepción. Incluso su fondo documental más característico, los protocolos notariales, son producto del control estatal sobre los negocios privados. En realidad, en los AHP se conserva solo la memoria de la ejecución del poder en las provincias, puesto que las decisiones realmente se toman en los órganos administrativos centrales, cuya documentación se controla y se custodia en otros archivos. Es lógico, por cuanto las provincias no tienen apenas entidad política propia y son meras circunscripciones administrativas donde, en realidad, no se decide nada sino que se cumplen las órdenes que provienen del centro del poder, bien sea estatal o autonómico.
Por otro lado, a despecho de la teoría archivística ortodoxa, los AHP no son archivos nacidos naturalmente dentro de una organización concreta, sino que se crean ex profeso como “archivos históricos”, del mismo modo que se crea un museo. Por tanto, a lo largo del tiempo, se les ha hecho responsables de la documentación histórica de órganos perfectamente ajenos a su estructura administrativa, desde las notarías a las delegaciones provinciales de ministerios o consejerías. Si en un archivo municipal o ministerial el archivero tiene dificultades para superar la desconfianza o la desidia de los productores de la documentación a la hora de realizar transferencias, pueden suponerse las que esperan al director de un AHP. En la práctica, se les enviará la documentación considerada inocua o cuya información esté bien controlada. Nada de enviar al archivo “histórico” discursos heterodoxos o alternativos.
Finalmente, pese al epíteto de “histórico”, los AHP no han alcanzado en ningún momento el aura de prestigio de los grandes centros. Relegados durante mucho tiempo en medios y personal, han sido campo casi exclusivo para investigadores locales, generalmente con más voluntad que conocimiento, de modo que ni siquiera en su propia ciudad puedan ser considerados instituciones culturales de referencia.
La llegada de la administración electrónica parecería que fuese su sentencia de muerte. El archivo único que establece la Ley de Procedimiento Administrativo hace que estos centros sean ya innecesario para la gestión de documentos electrónicos, que es, por cierto, casi lo único que parece preocupar a la literatura científica archivística en los últimos años.
Y, sin embargo, a los más de 85 años de su creación, los AHP siguen ahí. No solo eso, sino que las cifras sobre servicio y sobre actividad que se pueden espigar señalan que no se trata en absoluto de centros moribundos, sino todo lo contrario. A modo de ejemplo, en 2016 los cinco AHP de Castilla-La Mancha atendieron a casi 30.000 ciudadanos que realizaron más de 33.000 consultas y a los que se entregaron más de 54.000 reproducciones; además, se realizaron 235 actividades culturales a las que acudieron casi 21.500 personas. No son las cifras de unas instituciones en trance de desaparecer. Además, es innegable que la situación de los AHP en cuanto a infraestructuras, medios y personal ha mejorado sensiblemente desde su paso a la gestión autonómica.
Esta supervivencia no debe llevarnos a la dejadez. Los AHP siguen funcionando, pero podrían dejar de hacerlo en cualquier momento sin que temblase la tierra. Si queremos que tengan realmente un futuro, es necesario estar atentos a los signos de los tiempos y retocar algunos aspectos. En mi opinión, el porvenir de los AHP pasa por dos vías.
La primera es la asunción sin complejos de su carácter de centro cultural. Repitamos que es la cultura lo que hace populares a los archivos, no la gestión administrativa, por muy importante que esta pueda ser y por muy de moda que esté entre los archiveros. De hecho, casi todos los AHP ya dedican mucho tiempo y esfuerzo a la acción cultural, orientada preferentemente al entorno local o provincial que les es propio: restauraciones, exposiciones, conferencias, programas de visitas guiadas, talleres educativos, difusión por redes sociales… Todo eso pone a los AHP delante de los ojos de los ciudadanos.
La segunda vía es la atención a los fondos documentales privados. Al principio decía que los archivos públicos se centran en gestionar lo que el Estado quiere recordar. Pero existen archivos alternativos, producidos y conservados por organizaciones o personas privadas. Esta memoria alternativa siempre ha podido ser depositada en los archivos públicos, es verdad, pero con limitaciones. La más evidente es que los productores de los documentos hayan sido personas o instituciones relativamente trascendentes. Rara vez los archivos públicos dedicarán su espacio, tiempo y esfuerzo a los documentos de una familia anónima o de una pequeña empresa. Pues bien, en estos pequeños fondos documentales ignorados hasta ahora se encuentra una narración diferente de los acontecimientos, un punto de vista, si no alternativo sí al menos complementario al oficial. No creo que podamos prescindir de esta memoria a la hora de construir una auténtica memoria colectiva. Y los AHP son, a mi parecer, los centros mejor situados para recogerla.
En efecto, son centros suficientemente cercanos. Una familia de pequeños terratenientes, el dueño de una tienda de una ciudad mediana, o el prioste de una humilde cofradía rural no acudirán jamás al Archivo Histórico Nacional o al Archivo General de la Administración a proponer el depósito de su documentación, pero probablemente les resultará más cercano el AHP, que seguramente ya conozcan por haber acudido a alguna gestión y que, en todo caso, forma parte de los centros de servicio de su provincia, como el hospital o las oficinas de Hacienda. Y, por otro lado, los AHP están relativamente bien equipados y dotados como para garantizar que la documentación va a ser correctamente tratada, sin miedo a que se pierda o se deteriore, lo que no siempre ocurre en otros archivos más cercanos, como los municipales o parroquiales. Así, los AHP pueden ir transformándose en lugares de custodia de esta “memoria de los no-poderosos”, si no alternativa sí complementaria a la memoria del poder a la que desde el principio se han dedicado.
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