Transcurridos más de 40 años de la muerte del dictador Francisco Franco, la recuperación de la memoria histórica sigue siendo en España un tema candente para la sociedad y para los profesionales de sus archivos. En Archivoz hemos querido aproximarnos a este debate a través de la óptica del usuario investigador de este tipo de documentación histórica.

Francisco Xavier Redondo Abal es un investigador centrado en la recuperación de la memoria histórica democrática, materia sobre la cuál ha escrito numerosos artículos y libros. Su testimonio resulta muy esclarecedor. Y es que además de historiador, escritor y usuario de archivos, nuestro entrevistado de hoy también es bibliotecario en la Universidade de Santiago de Compostela.

(Archivoz) Trabajas como bibliotecario y dedicas buena parte de tu tiempo libre a investigar en los archivos y a escribir sobre algunos de los episodios más duros de nuestra historia reciente. ¿Cómo empezaste en esto? ¿Qué es lo que te motiva como investigador?

(Francisco Xavier Redondo Abal) Es cierto que me gano la vida trabajando en la Biblioteca, pero mi formación primera es la de licenciado en Geografía e Historia -en la especialidad de Historia Contemporánea- y mi gran vocación son los estudios históricos: evaluar, comparar, analizar e interpretar los hechos del pasado para comprender de dónde venimos y entender el presente para, así, prevenirnos en el futuro. Las principales motivaciones que tengo como investigador son dos: descubrir aspectos del pasado oculto que muchas veces aparecen soterrados y, sobre todo, aprender y adquirir nuevos conocimientos a través de la investigación. Lo cierto es que, independientemente de que uno publique sus resultados y estos sean objeto de críticas y citas, la investigación histórica engancha. Y engancha mucho.

(Archivoz) ¿Cuál te parece que debiera ser el papel del Estado y de los archivos españoles para restablecer la dignidad de las víctimas del franquismo?

(FXRA) España es, tras Camboya, el estado donde más asesinados todavía permanecen en fosas de vergüenza: 114.000 hombres y mujeres que fueron víctimas de la barbarie y la intolerancia. Personas ejecutadas tras un minucioso y orquestado plan de exterminio elaborado y planificado mucho antes del asesinato de Calvo Sotelo. Un plan estructurado que dio comienzo con el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y que, al fracasar, derivó en una guerra de tres años. Lo que no podemos olvidar es que todos aquellos asesinados, todos los encarcelados y todos los exiliados no habían cometido delito de ninguna especie. Fueron, precisamente, los militares sublevados y sus soportes -la Iglesia católica, los grupos ideológicamente reaccionarios y las oligarquías económicas (industrial, financiera y rural)- los únicos que cometieron delito al oponerse por las armas a la legalidad constitucional y democrática representada por la Segunda República.

Una de las fosas comunes descubiertas en Estépar (Burgos). Wikimedia

¿El papel del Estado en la reparación de las víctimas? Mira, el problema de España reside en que no es un país normalizado democráticamente y falta mucho camino por recorrer. Hay que tener presente que tres años de guerra y cuarenta de dictadura dejaron un poso de miedo y de terror que ayudó a enterrar la memoria y su relato. Ahí están, vivos y coleando, los mitos del franquismo. Mitos que historiadores serios como Reig Tapia, Francisco Espinosa, Ángel Viñas o, antes que ellos, Herbert Southworth, y muchos más intentan refutar a base de estudios rigurosos. Mitos que, por otro lado, quedaron bien consolidados durante la «modélica» Transición. Hubo que esperar al año 2002 para que el Congreso de los Diputados condenara formalmente el franquismo, aunque en realidad aquello fue un pacto tácito entre las dos fuerzas políticas mayoritarias. El Estado español debería declarar ilegales los consejos de guerra celebrados a raíz del inicio de la Guerra Civil; limpiar las calles y las plazas de los nombres fascistas (¿te imaginas en Alemania una calle dedicada a Himmler, Heydrych, Goebbels…?); demoler el Valle de los Caídos y devolver los bienes como el Pazo de Meirás; el Estado está obligado a trabajar en las tareas de exhumación, identificación y entrega a los familiares de los restos de las personas desaparecidas y asesinadas desde 1936 y, al mismo tiempo, reparar económicamente a sus descendientes; por otro lado, el Estado que se dice democrático debería perseguir legislativamente toda apología al fascismo y al franquismo, investigar y juzgar a los funcionarios que torturaron y asesinaron a opositores antifranquistas, algo muy difícil de llevar a cabo mientras no se derogue la Ley de Amnistía del año 1977.

Los archivos custodian parte de la memoria de la represión y son una base fundamental para conocer y estudiar aquel período histórico. Cualquier ciudadano alemán puede en la actualidad consultar sin cortapisas los archivos de la Stasi, la policía secreta de la extinta República Democrática de Alemania. ¿Se puede acceder sin restricciones a los archivos del Ministerio del Interior en España? ¿Y consultar el archivo particular de Franco, depositado en una entidad privada? Las respuestas, obviamente, son negativas.

(Archivoz) Investigadores y familiares de las víctimas han denunciado los obstáculos que aún existen para la consulta de determinados fondos documentales del período franquista. Incluso el Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas o Amnistía Internacional han puesto en evidencia la aplicación abusiva de la Ley de secretos oficiales y otras restricciones del libre acceso a los documentos. ¿Cómo afectan a vuestro trabajo estas limitaciones de acceso?

(FXRA) Los obstáculos para el acceso a determinada documentación archivística existen, claro que sí. La Ley de Secretos Oficiales, de 1968, y la de Patrimonio Histórico y Documental, de 1985, no ayudan desde luego a superar muchas restricciones. En mi caso, por fortuna, nunca observé problemas y jamás se me negó el acceso a la documentación solicitada. Otra cosa bien diferente ocurre cuando esa documentación llega para tu consulta filtrada, censurada, amputada. Eso me pareció que ocurrió en un determinado archivo cuando solicité poder consultar los expedientes de incautación de la biblioteca privada de Castelao. Accedí a los documentos, pero estoy seguro que faltaban muchos.

Para realizar mis trabajos realicé muchas visitas a diferentes archivos: desde el Diocesano de Mondoñedo hasta el del Reino de Galicia, pasando por el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, los archivos militares de Ferrol, el del Museo de Pontevedra, el Universitario de Santiago de Compostela, varios archivos histórico-provinciales, municipales… Todos sus archiveros fueron grandes profesionales: su amabilidad, disponibilidad y sus orientaciones resultaron fundamentales para poder redactar mis trabajos. Sin su profesionalidad todo hubiera sido más complicado y, desde luego, los resultados diferentes.

(Archivoz) La represión política es un fenómeno que acontece por muchas vías, muchas veces de forma extraoficial y extrajudicial. ¿Qué importancia adquiere la documentación de los archivos en la investigación actual? ¿Y las fuentes orales?

(FXRA) La documentación archivística y el relato oral de quienes vivieron aquellos años se complementan y retroalimentan cuando hablamos del fenómeno de la represión franquista. No debemos olvidar que esa represión dejó una huella indeleble en la memoria de mucha gente que, ya como víctimas o como testigos, la vivieron en primera persona. Desde luego, los sublevados y sus colaboradores no tuvieron la necesidad de documentar el «paseo» de Ánxel Casal (que «un día apareció muerto en una cuneta», según leí hace muy poco en El Correo Gallego, como si sufriera un infarto) o el asesinato de Juana Capdevielle, por poner dos ejemplos. Pero hubo personas que vieron los cuerpos acribillados y otras que fueron obligadas a enterrarlos. Por otro lado, la represión jurídico-militar generó una documentación muy valiosa para el estudio de la represión: desde la detención de un individuo -y quién o quiénes la practicaron- hasta la instrucción del sumario -quién la llevo a cabo- pasando por las declaraciones del imputado y los testigos -qué dijeron y en qué términos, qué acusaciones expresaron- para concluir con las sentencias – cuáles fueron y quiénes las firmaron-.

(Archivoz) En los últimos tiempos hemos asistido también a algunas actuaciones que afectan a la difusión de los resultados de investigación. Baste recordar las resoluciones judiciales contra algunos compañeros vuestros o la reciente decisión de la Universidad de Alicante de eliminar de Internet los datos de quien condenó a muerte al poeta de Miguel Hernández. ¿Qué opinión te merece esta situación, a estas alturas?

(FXRA) Lo ocurrido en la Universidad de Alicante al respecto del caso de Miguel Hernández y la cita del nombre del ponente del consejo de guerra que condenó al poeta es una muestra más de lo que hablamos al principio de esta entrevista: España es un Estado sin normalizar. Pero, desde mi punto de vista, lo peor es la autocensura que hoy practican algunos historiadores ante la amenaza de lo que puede acarrearle ciertas investigaciones. Es decir, está ganando terreno la idea de no crearse problemas y evitar, por poner un ejemplo, citar los nombres y apellidos de los represores. Esta amputación del relato me resulta desagradable. Hace ya unos años, un solvente historiador como es Francisco Espinosa publicó a este respecto un libro revelador: Callar al mensajero, con un subtítulo que dice La represión franquista, entre la libertad de información y el derecho al honor. Pues bien, allí el autor extremeño describe y analiza casos muy significativos de la lucha existente entre la necesidad de saber y conocer contra eso que se llama honor. Casos como el de Dionísio Pereira, denunciado por los hijos del alcalde falangista de Cerdedo, o el de Ramón Garrido y el cierre por sentencia judicial de una página web en la que se relataba el terror fascista en O Grove durante la Guerra Civil. Lo cierto es que muchos jueces admitieron a trámite denuncias contra historiadores, documentalistas o cineastas acusados de «herir el honor» de pistoleros y criminales. Pocos jueces, casi ninguno, acudieron a una fosa a levantar acta e investigar qué ocurrió con los cuerpos encontrados y cosidos a balazos. Por lo que se ve, esos ciudadanos carecían de honor y no había que molestar mostrando la verdad de lo sucedido.

(Archivoz) ¿Cómo valoras la labor profesional de las personas que trabajan en los archivos españoles? ¿Has detectado algún problema reseñable en los servicios de los archivos donde investigas?

(FXRA) Como ya te comenté anteriormente, yo nunca observé problemas a la hora de solicitar, consultar y reproducir documentación archivística. Y hablamos de documentación dura en el sentido que trata de cárcel, fusilamientos, depuraciones… Jamás encontré cortapisas e incluso el profundo conocimiento mostrado por muchos archiveros de los fondos existentes en los lugares donde trabajan resultó una ayuda fundamental, sirvió para explorar otras vías y mejorar el resultado final de mis investigaciones. En la mayoría de los casos, mi experiencia en los archivos me muestra que sus funcionarios trabajan con una profesionalidad digna de elogio. Otra cosa diferente es la legislación sobre el acceso al documento.

(Archivoz) ¿Qué esperanzas albergas para la recuperación de la memoria histórica democrática en los próximos años? ¿Puedes avanzarnos alguno de los asuntos con los que trabajas en la actualidad?

(FXRA) Yo soy bastante pesimista en cuanto a la reparación de las víctimas y sus familiares y sobre la recuperación de nuestra memoria histórica democrática. Y eso que conceptos como Verdad, Justicia y Reparación son recomendaciones que diferentes organismos de Naciones Unidas han encomendado al Estado español. Pero existe un dique de contención que se llama Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, una norma jurídica que impide investigar y enjuiciar supuestos crímenes contra la humanidad cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Al final, todo se resume en una cuestión de voluntad política para legislar en favor de las víctimas. Pero esa voluntad no existe. Y cuando surge, aparece tímida y asustadiza, dando la impresión de que conocer la verdad resulta molesto y hasta peligroso. Lleva razón Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, cuando, apesadumbrado, reclama una actuación urgente para que las víctimas del franquismo dejen de vivir con la angustia de saber que sus padres o abuelos pueden seguir tirados en una cuneta para siempre. Todo un presidente de Gobierno se jactó de que no daría un solo euro para la memoria histórica. Y más recientemente, un diputado neofascista electo en el Parlamento andaluz calificó, en su rabioso discurso durante un pleno, a los voluntarios de las exhumaciones de «buscadores de huesos». Lo dicho, un país sin normalizar.

Pero, así y todo, hay que destacar que los trabajos relacionados con nuestro pasado reciente no cesan y muchos estudios aparecen firmados por historiadores solventes y comprometidos que trabajan con rigor y metodología científica (nada que ver con Pío Moa, César Vidal, Rafael Torres, Martín Rubio…).

Hace dos años publiqué mi último trabajo, un ensayo sobre la actuación del Tribunal de Orden Público en Galicia (‘Arelas de liberdade na Galiza’, Editorial Laiovento) y acabo de terminar un estudio sobre el que no debo avanzarte nada porque está presentado a un premio de investigación, pendiente de fallo. Para entonces, si tú quieres, hablamos.